Tras las dificultades que enfrentó el proyecto en el Senado, la Casa Rosada resolvió no insistir con la reforma sobre la propiedad de tierras rurales y postergó otras iniciativas impulsadas por el Ministerio de Desregulación.
El Gobierno nacional decidió no volver a impulsar la reforma de la Ley de Tierras luego del revés político sufrido durante el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La iniciativa, que proponía modificar el régimen vigente para la compra de tierras por parte de extranjeros, quedó descartada y no volverá a formar parte de la agenda legislativa en el corto plazo.
La decisión implica un cambio de estrategia para la administración de Javier Milei, que durante los últimos meses había defendido la necesidad de flexibilizar las restricciones con el objetivo de atraer inversiones. Sin embargo, la resistencia de bloques aliados, gobernadores y distintos sectores políticos llevó al oficialismo a resignar ese capítulo para evitar una derrota parlamentaria mayor.
Como consecuencia del traspié legislativo, también quedaron en suspenso otros proyectos de desregulación que elaboraba el Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger. En el Ejecutivo consideran que el escenario político actual no ofrece garantías para avanzar con nuevas reformas que puedan generar un elevado costo político o dificultades para reunir consensos en el Congreso.
Fuentes oficiales señalaron que la prioridad será concentrarse en iniciativas con mayores posibilidades de aprobación y evitar abrir debates que profundicen las diferencias con los bloques dialoguistas, fundamentales para sostener la agenda legislativa del Gobierno.
La modificación de la Ley de Tierras había sido uno de los puntos más cuestionados del proyecto oficial. La propuesta original buscaba eliminar restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque posteriormente fue modificada para intentar sumar apoyos. Finalmente, la presión política obligó al Ejecutivo a retirar el capítulo antes de la votación definitiva.
Con este escenario, el Gobierno apuesta ahora a consolidar las reformas ya aprobadas y reorganizar su estrategia parlamentaria, mientras deja en pausa nuevos paquetes de desregulación hasta encontrar un contexto político más favorable.
