Un año después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., la presencia de miles de soldados continúa generando rechazo entre los habitantes. Aunque los delitos disminuyeron, especialistas cuestionan que la baja pueda atribuirse directamente a la intervención militar y advierten sobre los riesgos de normalizar tropas en las calles.
A un año del polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., la presencia de militares en las calles de la capital estadounidense continúa generando incomodidad y críticas entre una parte importante de sus habitantes.
La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump en agosto de 2025, después de un ataque contra un funcionario. El mandatario justificó entonces la intervención con el argumento de que la ciudad atravesaba una situación crítica de inseguridad.
Sin embargo, los datos disponibles en aquel momento mostraban que los delitos violentos ya habían registrado una fuerte reducción: durante 2024 habían caído alrededor de un 35%.
Más soldados que policías
Desde el comienzo del operativo, unos 4.500 efectivos de la Guardia Nacional permanecen desplegados en Washington, una cantidad que incluso supera a los integrantes de la Policía Metropolitana de la ciudad.
La presencia militar modificó el paisaje cotidiano de la capital estadounidense y generó un fuerte debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas con la seguridad interna.
Según encuestas citadas por EL PAÍS, alrededor del 79% de los habitantes se opone al despliegue.
💬 “La presencia de la Guardia Nacional se ha convertido en algo que los residentes tienen que soportar en su vida cotidiana”, refleja el clima de rechazo que persiste en Washington.
¿Realmente bajó el delito por la intervención?
Uno de los principales interrogantes un año después es determinar cuánto impacto tuvo realmente la presencia de los militares.
Los delitos en Washington descendieron, pero distintos especialistas consideran que no existen pruebas suficientes para atribuir esa mejora directamente al despliegue de la Guardia Nacional.
Además, los soldados tuvieron una participación limitada en tareas estrictamente policiales y, en numerosas ocasiones, fueron destinados a actividades que no estaban directamente relacionadas con la lucha contra el delito.
Esto alimentó las críticas de quienes consideran que el operativo tuvo más peso político que efectivo.
Un despliegue cada vez más costoso
El operativo también representa un importante costo económico para las arcas públicas.
Un estudio citado por EL PAÍS estima que mantener el despliegue podría alcanzar un costo de casi 3.000 millones de dólares hasta el final del mandato de Trump, en 2029.
La cifra alimenta el debate sobre la conveniencia de mantener una presencia militar permanente en la capital, especialmente cuando las estadísticas de criminalidad muestran una evolución favorable.
El temor a normalizar militares en las calles
Organizaciones civiles y especialistas en seguridad advierten que el principal riesgo de la medida no es solamente económico.
El despliegue prolongado podría contribuir a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de una ciudad estadounidense, una situación que históricamente genera fuertes cuestionamientos en Estados Unidos.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y otros dirigentes locales también cuestionaron la decisión de Trump y consideraron innecesaria la intervención federal.
Mientras tanto, el presidente continúa defendiendo su estrategia y atribuye parte de la mejora de la seguridad a su intervención.
Un año después, Washington se encuentra así ante una situación paradójica: hay menos delitos, pero también una creciente discusión sobre si la Guardia Nacional es realmente necesaria y cuánto tiempo puede mantenerse su presencia en las calles.
