Las empresas y empresarios vinculados a las criptomonedas ya destinaron cientos de millones de dólares a las elecciones legislativas de Estados Unidos. El Senado volvió a bloquear la Clarity Act, pero el sector mantiene su respaldo a candidatos favorables a una mayor regulación de los activos digitales.
El Senado volvió a frenar la Clarity Act
La industria de las criptomonedas atraviesa un nuevo revés legislativo en Estados Unidos luego de que el Senado rechazara el avance de la denominada Clarity Act, un proyecto que busca establecer un marco federal para regular los activos digitales.
La votación terminó con 49 senadores a favor y 50 en contra, lejos de los 60 votos necesarios para superar la instancia parlamentaria. Cuatro republicanos se sumaron a los demócratas que rechazaron avanzar con la iniciativa.
El proyecto pretende definir las competencias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), además de establecer obligaciones para las compañías del sector y mayores previsiones para los inversores.
El dinero cripto gana peso en las elecciones
Pese al fracaso legislativo, las empresas y grandes empresarios vinculados a las criptomonedas continúan aumentando su participación en el financiamiento electoral.
Según un análisis citado por EL PAÍS, la industria destinó 206 millones de dólares durante el actual ciclo electoral para respaldar a candidatos de ambos partidos y a distintos comités de acción política. El monto convierte al sector en uno de los principales actores del financiamiento corporativo de las elecciones de medio mandato.
Entre las organizaciones con mayor presencia aparece Fairshake, un Super PAC creado con financiamiento de empresas como Coinbase y Ripple. En el actual ciclo electoral, el comité destinó millones de dólares a distintas contiendas, incluyendo 9,8 millones de dólares para respaldar al republicano Barry Moore en Alabama, según datos de AdImpact citados por el medio español.
Trump y sus negocios cripto, en el centro de la discusión
El debate legislativo también quedó atravesado por los negocios vinculados a Donald Trump. Una declaración financiera publicada durante este año consignó 1.400 millones de dólares de ingresos provenientes de sus actividades relacionadas con las criptomonedas durante el primer año de su segundo mandato, según la información difundida por EL PAÍS.
Los demócratas cuestionaron que las disposiciones éticas incluidas en la Clarity Act fueran suficientes para evitar posibles conflictos de intereses relacionados con funcionarios públicos.
El rechazo del proyecto volvió a poner en duda la posibilidad de que Estados Unidos apruebe una legislación integral sobre activos digitales antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Coinbase y otras compañías buscan alternativas
Ante las dificultades para avanzar en el Congreso, algunos referentes de la industria comenzaron a reclamar que los organismos reguladores actúen utilizando las facultades que ya poseen.
Brian Armstrong, CEO de Coinbase, sostuvo que la SEC y la CFTC cuentan con herramientas para establecer reglas dentro de sus competencias, mientras continúa la discusión política sobre una legislación específica para el sector.
La industria también cuenta entre sus principales actores financieros a Ripple, Coinbase, Crypto.com y los fundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss. En paralelo, el empresario Elon Musk, uno de los principales respaldos económicos de Trump en las elecciones anteriores, aparece nuevamente vinculado a la actividad de financiamiento político.
Una disputa que enfrenta a Wall Street y las criptomonedas
El conflicto regulatorio se suma a una disputa más amplia entre las compañías de criptomonedas y la banca tradicional, especialmente alrededor de las stablecoins, activos digitales cuyo valor busca mantenerse vinculado al dólar.
El sector bancario cuestiona que estas monedas puedan ofrecer determinados rendimientos y competir con los depósitos tradicionales, mientras que las empresas cripto consideran que limitar esas posibilidades podría afectar su desarrollo.
Con la legislación nuevamente bloqueada, la industria busca mantener su influencia política a través del financiamiento de campañas, mientras intenta conseguir reglas federales que definan con mayor precisión el funcionamiento del mercado de activos digitales en Estados Unidos.