La Fiscalía de Santa Cruz emitió una nueva orden de captura contra el expresidente boliviano, quien enfrenta una investigación por presuntos delitos vinculados a las protestas y bloqueos de rutas registrados en el país.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó este miércoles la detención del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación por su presunta participación en la organización de las protestas y bloqueos de carreteras que afectaron al país durante más de 50 días.
Según informó el Ministerio Público, Morales es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, la causa se inició tras una denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno. La investigación busca determinar el grado de participación del exmandatario en las movilizaciones que provocaron cortes de rutas y complicaciones en distintas regiones del país.
Las protestas, desarrolladas entre mayo y junio, generaron problemas en el abastecimiento de combustibles, medicamentos y alimentos, además de importantes interrupciones en la circulación. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia indicó que los hechos dejaron 22 personas fallecidas, 88 heridas y más de 500 detenidos.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará ejerciendo su defensa por las vías legales. El exmandatario sostiene que las movilizaciones respondieron al descontento social por la situación económica del país.
No es la primera vez que la Justicia boliviana dicta una orden de captura contra el exjefe de Estado. Desde 2024 también enfrenta otra causa judicial por presuntos delitos de trata y tráfico de personas, proceso que continúa en trámite mientras permanece en la región del Chapare, donde reside desde hace más de dos años.
La investigación por los bloqueos continúa en etapa preliminar y será la Justicia boliviana la que determine los próximos pasos del proceso.