Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich encabezaron una reunión con funcionarios para reordenar la estrategia legislativa de la iniciativa. Persisten diferencias sobre la venta de tierras a extranjeros y crecen las dudas sobre el respaldo de algunos senadores.
El Gobierno nacional intenta reactivar el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada luego de que la sesión prevista para la semana pasada pasara a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. Con ese objetivo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo un encuentro en el Senado junto a la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y otros funcionarios nacionales.
La reunión, que se extendió durante poco más de una hora y media, tuvo como eje principal reorganizar las negociaciones en torno a una iniciativa que, pese a contar con dictamen desde fines de mayo, sufrió numerosas modificaciones y aún no logra consolidar el respaldo necesario para ser aprobada.
Un proyecto con cambios permanentes
Desde que obtuvo despacho de comisión, el texto fue objeto de reiteradas correcciones y circuló en distintas versiones, generando malestar incluso entre sectores dialoguistas que acompañan habitualmente al oficialismo.
Entre los puntos más debatidos figuran las modificaciones al régimen de expropiaciones, la implementación de desalojos con plazos abreviados, cambios en la normativa sobre manejo del fuego y, especialmente, las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Otro de los capítulos que generó fuertes discusiones fue el referido a los barrios populares. Finalmente, ese apartado fue retirado del proyecto tras las objeciones planteadas por distintos sectores, entre ellos representantes de la Iglesia.
La venta de tierras, el principal foco de conflicto
El apartado referido a la compra de tierras por parte de extranjeros continúa siendo el aspecto más sensible de la iniciativa y expuso diferencias dentro del propio oficialismo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó reparos sobre ese capítulo, mientras que Patricia Bullrich impulsó modificaciones con el objetivo de lograr mayores consensos. Las diferencias derivaron en tensiones internas que incluso trascendieron públicamente y obligaron a mantener reuniones para recomponer la relación entre ambos sectores.
El borrador más reciente establece que las provincias conservarán la jurisdicción sobre sus territorios y reconoce los derechos de los extranjeros conforme al artículo 20 de la Constitución Nacional. No obstante, fija restricciones para impedir que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir tierras rurales sin autorización de las autoridades provinciales y del Poder Ejecutivo Nacional.
La mirada puesta en los senadores misioneros
De cara a la próxima sesión, el oficialismo sigue con atención la postura de los representantes de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes meses atrás sorprendieron al votar en contra del proyecto de Ficha Limpia luego de haber anticipado públicamente su respaldo.
Según trascendió, ambos legisladores acompañarían la aprobación en general del proyecto, aunque podrían rechazar específicamente el capítulo vinculado a la venta de tierras a extranjeros, lo que pondría en riesgo la estrategia parlamentaria del Gobierno.
Ante ese escenario, La Libertad Avanza busca llegar a agosto con un texto definitivo y con acuerdos previamente cerrados para evitar nuevos contratiempos durante la votación.
Qué dijo Bullrich
Tras la reunión, Patricia Bullrich explicó que el encuentro con Sturzenegger sirvió para despejar dudas sobre los cambios incorporados al proyecto y aseguró que las modificaciones responden a una visión más federal respecto del uso de la tierra.
En relación con la polémica por la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros, sostuvo que la titularidad de una propiedad no compromete la soberanía nacional y recordó que la Constitución reconoce a los ciudadanos extranjeros el derecho a desarrollar actividades y poseer bienes en el país.
Para la senadora, la verdadera defensa de la soberanía debe centrarse en la protección de los intereses estratégicos de la Argentina y no únicamente en la titularidad de los inmuebles rurales.