Los herederos del empresario Oswaldo Cisneros perdieron el 40% que tenían en Petrodelta, pese a que sus derechos de explotación estaban vigentes hasta 2042. Los activos fueron reasignados en julio a la estadounidense Pacific Coast Energy Company, en una operación cuestionada por su falta de transparencia.
Una disputa por los campos de la Faja del Orinoco
Los herederos del empresario venezolano Oswaldo Cisneros denunciaron haber perdido su participación en Petrodelta, una empresa mixta que opera campos petroleros en la Faja del Orinoco junto con la estatal PDVSA.
La familia Cisneros controlaba el 40% de Petrodelta, mientras que PDVSA tenía el 60%. Según la investigación publicada por EL PAÍS, durante abril representantes de Pacific Coast Energy Company (PCEC) comenzaron a recorrer los campos que hasta ese momento eran explotados por la compañía vinculada a los Cisneros.
Los representantes de la petrolera estadounidense buscaban hacerse con esos activos, pese a que Petrodelta mantenía formalmente derechos de explotación sobre los yacimientos.
Un procedimiento que terminó con la reasignación de los activos
El 21 de mayo, el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela inició un procedimiento administrativo contra la empresa de los Cisneros, argumentando incumplimientos relacionados con sus compromisos de inversión y actividad.
Sin embargo, apenas cinco días después, Pacific Coast Energy firmó contratos para explorar seis de esos campos y otros proyectos, según la documentación citada por EL PAÍS.
Petrodelta tenía derechos de explotación hasta 2042, pero el nuevo contrato a favor de Pacific Coast comenzó a regir el 1 de julio, mientras todavía estaba en curso el procedimiento administrativo contra la compañía de los Cisneros.
La situación fue cuestionada por representantes de DP Delta Finance, la compañía de origen holandés mediante la cual los Cisneros participaban en Petrodelta, quienes sostienen que los activos fueron retirados sin que existiera una resolución definitiva del procedimiento.
Reclaman pérdidas millonarias
La disputa también tiene un fuerte impacto económico.
Según la compañía vinculada a los Cisneros, PDVSA dejó de pagar dividendos desde 2010, pese a que Petrodelta continuó produciendo petróleo.
La empresa sostiene que desde entonces se produjeron más de 136 millones de barriles sin que los accionistas recibieran los pagos correspondientes y calcula el perjuicio patrimonial en más de 2.000 millones de dólares.
Expertos consultados por EL PAÍS cuestionaron además la aplicación de criterios diferentes entre empresas privadas que participan en sociedades mixtas con PDVSA.
Pacific Coast, una empresa poco conocida en el sector
La compañía que recibió los nuevos contratos es Pacific Coast Energy Company, una firma estadounidense vinculada al multimillonario Alshair Fiyaz y a su socio Klaus Hasbo.
Según la investigación, la empresa tiene experiencia principalmente en campos petroleros maduros y produce alrededor de 13.700 barriles diarios en unos 208 pozos.
Su llegada a los campos anteriormente operados por Petrodelta generó dudas entre especialistas del sector debido a su escasa trayectoria en operaciones de la magnitud de los yacimientos de la Faja del Orinoco.
Ni PDVSA ni Pacific Coast Energy respondieron a las consultas realizadas por EL PAÍS sobre la operación.
El papel de Alejandro Betancourt
Uno de los nombres que aparece detrás de la operación es el empresario Alejandro Betancourt, señalado por EL PAÍScomo uno de los principales intermediarios entre inversores y el nuevo esquema petrolero venezolano.
Según información citada por el diario español, Betancourt habría ayudado a Pacific Coast a ingresar al nuevo mapa energético venezolano y también tendría un papel relevante en la estrategia estadounidense para identificar activos petroleros destinados a nuevos inversores.
El empresario está siendo investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de dinero, aunque esas investigaciones no implican por sí mismas una condena.
Un nuevo mapa petrolero en Venezuela
El caso Petrodelta se suma a otras disputas por la reasignación de activos petroleros en Venezuela. Entre ellas aparece Suelopetrol, otra compañía privada que denunció cambios en sus derechos sobre proyectos petroleros.
También China, que tiene participación en distintos bloques venezolanos, manifestó preocupación por la preservación de sus derechos en medio de la reorganización del sector.
El nuevo esquema contempla contratos que ofrecen condiciones especialmente favorables a determinados inversores, entre ellas concesiones de hasta 100 años, participación mayoritaria y condiciones preferenciales para la venta del crudo a Estados Unidos.
La situación abrió así un nuevo debate sobre la seguridad jurídica y la transparencia de las inversiones petroleras en Venezuela, en un momento en que Washington busca ampliar su participación en uno de los mayores reservorios de crudo del mundo.