El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso incorpora nuevos delitos relacionados con la desinformación, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas. Constitucionalistas y dirigentes opositores cuestionaron la amplitud de algunas figuras y alertaron sobre un posible efecto intimidatorio.
Cuestionamientos por las nuevas figuras penales
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y enviado al Congreso, generó cuestionamientos por el alcance de algunas de sus disposiciones vinculadas con la libertad de expresión y de prensa.
La iniciativa incorpora nuevas figuras penales relacionadas con la denominada “desinformación masiva”, la manipulación de la opinión pública, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas. Algunas de las penas previstas parten de los cinco años de prisión y pueden llegar hasta los 20 años en determinados casos.
El debate se concentra especialmente en la precisión de los conceptos utilizados y en las facultades que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional.
La discusión sobre la “desinformación masiva”
Uno de los artículos que genera mayor controversia es el 111, que propone incorporar una nueva figura al Código Penal.
El texto establece penas de entre cinco y doce años para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, busque alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La pena podría aumentar a entre ocho y quince años cuando la conducta incluya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
Los especialistas consultados por Infobae cuestionaron principalmente la falta de precisión de términos como “desinformación”, “manipulación de la opinión pública” o “campañas coordinadas”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que una figura penal de estas características podría generar un efecto intimidatorio y favorecer la autocensura, debido al temor de periodistas, ciudadanos u organizaciones a enfrentar una investigación penal.
Las advertencias de los constitucionalistas
Gil Domínguez consideró que la redacción propuesta presenta un tipo penal abierto y planteó dudas respecto de su compatibilidad con el principio de legalidad penal, que exige que las conductas sancionadas estén definidas de manera precisa.
Otro constitucionalista consultado, Félix Lonigro, también cuestionó que una autoridad pueda terminar determinando qué información constituye desinformación y qué conducta puede ser considerada una manipulación de la opinión pública.
Para el especialista, la amplitud de la norma podría generar un margen de discrecionalidad que afecte la libertad de expresión.
Diego Armesto, por su parte, puso el foco en el uso del concepto de “amenaza” dentro del proyecto. Según su interpretación, se trata de una expresión que puede resultar ambigua si no se establecen criterios objetivos para determinar cuándo una conducta representa efectivamente un riesgo para la Seguridad Nacional.
Nuevas facultades para el Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría un rol central en la aplicación del nuevo régimen.
La iniciativa le asigna facultades para requerir información y adoptar determinadas medidas ante situaciones consideradas amenazas graves e inminentes.
Entre las herramientas previstas aparecen restricciones sobre determinadas operaciones financieras, suspensión de permisos y concesiones, bloqueo temporal de activos y otras medidas administrativas. Estas decisiones podrían ser revisadas judicialmente.
La propuesta establece además mecanismos de defensa para las personas o entidades investigadas, como el derecho a conocer los hechos imputados, presentar descargos, ofrecer pruebas y recurrir las decisiones ante la Justicia.
También hubo críticas desde la oposición
Los cuestionamientos no se limitaron al ámbito académico. Diputados de distintos sectores de la oposición expresaron reparos sobre las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión.
Nicolás Trotta, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación por el alcance del nuevo delito y adelantó que buscará que la comisión analice específicamente esos artículos durante el tratamiento parlamentario.
La diputada Mónica Frade también cuestionó la iniciativa y sostuvo que la utilización de figuras penales consideradas ambiguas podría favorecer la autocensura.
Otros legisladores opositores, como Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, expresaron reparos similares respecto del alcance de las nuevas figuras vinculadas con la desinformación y la influencia extranjera.
La posición del Gobierno
Desde el Gobierno defendieron el proyecto y rechazaron que las nuevas herramientas impliquen una autorización para actuar sin controles.
Fuentes oficiales señalaron que las medidas previstas estarán sujetas a procedimientos administrativos y a revisión judicial. También sostuvieron que la iniciativa busca actualizar las herramientas del Estado frente a amenazas que ya no se limitan a una agresión militar convencional.
Según la explicación oficial, entre esas amenazas se encuentran las operaciones clandestinas, la influencia extranjera y distintas formas de intervención sobre procesos institucionales.
El debate continuará en el Congreso
El proyecto deberá ser analizado ahora por el Congreso, donde uno de los principales puntos de discusión será la redacción definitiva de las nuevas figuras penales.
El debate incluirá el alcance del concepto de desinformación, los requisitos para demostrar una campaña coordinada, la existencia de vínculos con actores extranjeros, las facultades del Consejo de Seguridad Nacional y las garantías destinadas a proteger la libertad de expresión y de prensa.
La discusión sobre la iniciativa se suma así al debate más amplio sobre las herramientas que el Estado argentino debería utilizar frente a amenazas externas, sin afectar derechos y garantías establecidos por la Constitución.
