La medida reemplaza el arancel universal del 10% que vencía este viernes y alcanzará a decenas de socios comerciales de Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que busca combatir prácticas comerciales desleales y el uso de trabajo forzoso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para establecer nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre importaciones provenientes de más de 60 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y México. El nuevo esquema entrará en vigor a la medianoche y sustituirá el gravamen universal aplicado de forma temporal.
Desde la administración estadounidense argumentaron que la decisión responde a la falta de controles suficientes por parte de esos países para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. Además, sostienen que la iniciativa representa una de las acciones más importantes impulsadas por Washington en materia de derechos laborales.
La Casa Blanca estima que el nuevo paquete arancelario impactará sobre la mayor parte del comercio exterior estadounidense. Para su implementación, el Gobierno recurrió al artículo 301 de la Ley de Comercio, una normativa que habilita la aplicación de sanciones comerciales frente a prácticas consideradas injustas o discriminatorias.
Nueva ofensiva comercial
La medida reafirma la estrategia proteccionista impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Los aranceles fueron uno de los pilares de su campaña electoral y continúan siendo una herramienta central de su política económica, con el objetivo de fortalecer la industria nacional y reducir el déficit comercial.
Durante su actual mandato, el presidente promovió distintas medidas que modificaron el escenario del comercio internacional. En abril de 2025 anunció una amplia batería de aranceles que generó fuertes reacciones en los mercados y abrió un nuevo período de tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios.
Sin embargo, parte de esa estrategia encontró obstáculos en la Justicia. A comienzos de este año, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos al considerar que habían sido implementados sin la autorización correspondiente del Congreso. Como respuesta, el Ejecutivo estableció un arancel universal del 10% con vigencia limitada, cuya expiración motivó la adopción del nuevo esquema.
Los aranceles como herramienta política
Más allá de su impacto económico, Trump ha utilizado los aranceles como un instrumento de presión en sus relaciones internacionales. En distintas oportunidades amenazó con aplicar gravámenes a países aliados y competidores para obtener concesiones en temas comerciales, políticos y estratégicos.
Entre esos casos se encuentran las advertencias dirigidas a España por el gasto en defensa, así como las críticas a países europeos que impulsan impuestos sobre los servicios digitales de grandes empresas tecnológicas estadounidenses. No obstante, varias de esas amenazas enfrentan limitaciones legales y diplomáticas.
El respaldo legal de la medida
Ante la falta de apoyo legislativo para extender el arancel universal, la administración estadounidense recurrió al artículo 301 de la Ley de Comercio. Para ello, el Departamento de Comercio abrió investigaciones sobre decenas de países por presuntas prácticas comerciales desleales.
Uno de esos expedientes señala que más de 60 socios comerciales no habrían tomado medidas suficientes para evitar el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzoso, fundamento utilizado para justificar la nueva ronda de aranceles.
En paralelo, Washington también inició investigaciones sobre posibles casos de sobreproducción en otros mercados, una práctica que, según el Gobierno, perjudica a los fabricantes estadounidenses al generar una caída artificial de los precios.
Impacto y perspectivas
En las últimas semanas, la administración Trump ya había aplicado nuevos gravámenes sobre productos provenientes de Canadá y Brasil, mientras continúan las negociaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Aunque la Casa Blanca sostiene que las medidas buscan corregir desequilibrios comerciales y proteger el empleo estadounidense, especialistas consideran que también persiguen un objetivo recaudatorio en un contexto de elevado déficit fiscal y crecimiento de la deuda pública.
Al mismo tiempo, distintos analistas anticipan que la nueva ofensiva comercial podría derivar en nuevas demandas judiciales por parte de empresas y sectores afectados, prolongando la disputa sobre los límites legales de la política arancelaria impulsada por Trump.
